Presentaron recurso de protección contra instalación de planta procesadora a metros de zona residencial y ya aprobada por la Autoridad Ambiental.-
A las 13:00 horas de este jueves 23 de mayo, en la Corte de Apelaciones de Valparaíso, vecinos de Llay Llay, patrocinados por el abogado Alvaro Toro, del Observatorio de Conflictos Ambientales (OLCA), presentaron un recurso de protección contra la resolución de calificación ambiental que aprobó la construcción de una planta purificadora de metales a metros de zonas residenciales.
El Sistema de Evaluación Ambiental de Valparaíso aprobó el 23 de abril la construcción de una planta purificadora y procesadora de metales preciosos, a escasos metros de una población y de al menos seis centros educacionales.
El proyecto, presentado por la empresa Andean Dragon Limitada, ingresó al sistema mediante una Declaración de Impacto Ambiental (DIA), por lo que no hubo participación ciudadana, implicando, además, la autoridad confía en la buena fe del titular que declara que su proyecto no va a provocar daños más allá de lo permitido por la normativa ambiental.
Para las vecinas de Llay llay este proyecto es una amenaza para sus vidas, y no se explican cómo pudo ser aprobado sin que hubiera habido información y debate en el territorio. “Si una hace un recorrido en los 150 metros que rodearían la planta, se encuentra con que hay dos liceos, dos escuelas de lenguaje, dos colegios, un hospital… y así lugares centrales para nuestra vida y donde nuestros hijos pasan la mayor parte del tiempo, y eso nos preocupa”, dice Liliana Aspé, una de las recurrentes.
Otra de las cuestiones que se alega en el recurso de protección es que en la DIA no se conoce la proveniencia de los metales que se procesarán. Entonces, resulta inconsistente que el SEIA califique esta actividad como “molesta”, y no como contaminante, si la autoridad ni siquiera conoce qué tipo de mineral se procesará, manifiestan las reclamantes. Se preguntan ¿Cuál será el tipo de impurezas que serán extraídas del mineral tratado? ¿Dónde quedarán esas impurezas? ¿En el aire, en las napas subterráneas, en la tierra de Llay Llay?, son algunas de las interrogantes para los vecinos. El tema no está claro y por eso los llayllaínos recurren a la justicia.
El objetivo de la acción judicial es resguardar el derecho a la vida, a la salud y a un medio ambiente libre de contaminación, considerando además que fueron violadas las garantías constitucionales de igualdad ante la ley y de derecho a la información.
Lucio Cuenca, director de OLCA, señala que “es impresentable que en una zona que ya ha sido afectada por la fundición Chagres de la minera Angloamerican, y que está pronta a ser declarada zona saturada por contaminación, se imponga una fundición para procesar hasta 1500 toneladas de minerales, haciéndole creer a la gente que no será una actividad contaminante, eso es indudablemente una burla a la inteligencia de los vecinos por parte de la empresa, pero sobre todo, una conducta ilegal y arbitraria de parte de la autoridad”.
Mientras la Corte determina si acoge o no esta acción judicial, los vecinos de Llay llay seguirán desarrollando movilizaciones, como una marcha convocada para mañana en la localidad, de modo de difundir e informar a la comunidad sobre los impactos y alcances de esta planta ya aprobada ambientalmente por la autoridad.
(EC/P1/Foto: IML)
