Esta mañana la Presidenta firmó urgencia a proyectos de ley que anunció anoche en cadena nacional. Son las medidas propuestas por el Consejo Asesor Presidencial.-

La Mandataria, acompañada del ministro del Interior y otras autoridades, firmó urgencias a los proyectos de ley sobre probidad y contra la corrupción, que anunció el día anterior en cadena nacional.

Justamente, la noche de ayer miércoles, la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, anunció los proyectos legislativos y administrativos que impulsará el Gobierno a partir de las propuestas realizadas por el Consejo Asesor Presidencial encabezado por Eduardo Engel.

Uno de los principales anuncios fue que “en septiembre se dará inicio  un Proceso Constituyente abierto a la ciudadanía, que a través de diálogos y debates, consultas y cabildos, se realizarán aportes para una Nueva Carta Fundamental, plenamente democrática y ciudadana”.

Financiamiento de la política

Sobre este punto, la Mandataria informó que “transparentaremos completamente el financiamiento de la política y eliminaremos los aportes anónimos y reservados, y las empresas no podrán hacer aportes de ningún tipo. La transgresión de estas normas será considerada delito”.

Además, detalló que “reduciremos el gasto, sólo podrá hacerse propaganda en zonas delimitadas y serán delito de cohecho los regalos de campaña y el pago de cuentas”.

“Será el Estado el que financie el trabajo de los partidos. Para eso tendrán que cumplir con exigencias y controles claros. Tendrán que reinscribir a todos sus militantes para sincerar los registros; tendrán que ser democráticos en su interior, tener contabilidad transparente y fiscalizada, dar espacio a nuevos líderes. Ésta es una inversión necesaria para tener una mejor vida pública y mayor participación ciudadana”, destacó.

Otras medidas

• Fortalecimiento del Servicio Electoral y al Tribunal Calificador de Elecciones, para que sean más autónomos y tengan reales capacidades de fiscalización y sanción para hacer respetar la ley.
• Autonomía constitucional al Servel.
• Regulación detallada del financiamiento de las campañas electorales.
• Todos aquellos representantes elegidos que vulneren la confianza pública, no podrán representar en cargos de elección popular y perderán sus escaños.
• Ampliación del rango de aplicación del Sistema de Alta Dirección Pública para trabajar en el Estado, para que los que lleguen ahí lo hagan por mérito y vocación.
• Aumento de las exigencias y fiscalización en el uso de recursos públicos en el Ejecutivo y en los municipios, regulando también de manera más precisa a aquellos que prestan servicios al Estado.

Negocios

• Superar los vacíos de la ley actual para asegurar sanciones efectivas a la facilitación y aprovechamiento de facturas y boletas ideológicamente falsas.
• Tipificación y sanción del delito de corrupción entre particulares, tal como los pagos indebidos para obtener negocios.
• Regulación y fiscalización de manera estricta la relación entre la política y los negocios.
• Ampliación del ámbito de la prohibición de contratación en el Estado, a parientes de las autoridades.
• Regulación de la “puerta giratoria” entre empresas y servicio público, para impedir que autoridades y ejecutivos circulen sin límites entre ellas.
• Establecimiento de un registro público obligatorio de lobistas, para que se sepa quiénes representan intereses del mundo privado ante los que toman decisiones en el mundo público.
• Ampliación de la aplicación y el detalle de las declaraciones de bienes, intereses y patrimonio de los servidores del Estado.
• Mantención de suma urgencia a la creación de la Fiscalía de Alta Complejidad y al proyecto de modernización del Ministerio Público.

Educación Cívica

• Todas las escuelas, universidades y centros de formación deberán tener un programa sólido y explícito en formación cívica.
• Definición de códigos éticos para todos los servicios públicos y para el mundo privado.
• Creación del Defensor Ciudadano, que se encargará de promover y defender los derechos de las personas frente a los actos arbitrarios del Estado.

Plazos

Para las medidas administrativas, un plazo de quince días para dictarlas y para los proyectos de ley, un plazo máximo de 45 días para su ingreso al Parlamento.

Revisa el discurso completo de la Presidenta en gob.cl.