El ex comandante en jefe del Ejército (2002 y 2006) y actual directivo del SERVEL, Juan Emilio Cheyre, quedó detenido en el Comando de Telecomunicaciones del Ejército ubicado en la comuna de Peñalolén. esto luego de que el Ministro en visita Mario Carroza ordenara el auto de procesamiento. Así, el Juez Carroza ordenó la prisión preventiva y procesó a Cheyre en calidad de cómplice junto a 8 oficiales más, por el homicidio de 15 personas en el marco del denominado caso “Caravana de la Muerte”, crímenes ocurridos durante octubre de 1973 en el “Regimiento Arica” de La Serena.

Los otros oficiales detenidos y procesados por el Juez Mario Carroza son: Víctor Hugo Alegre Rodríguez, Ariosto Lapostol Orrego y Armando Fernández en calidad de autores; y de Jaime Ojeda Torrent, Hernán Emilio Valdebenito, Guillermo Raby Arancibia, Hugo Leiva González y Mario Vargas Miguieles como cómplices del delito de homicidio calificado.

Al momento de producirse el golpe militar de 1973, Cheyre ejercía como teniente en el “Regimiento Arica” de la ciudad de La Serena. Numerosos sobrevivientes de la dictadura lo han sindicado a él como responsable de ejecuciones y torturas. Sin embargo, él ha insistido, hasta hoy, que solo desempeñó labores administrativas y que nunca vio ni escuchó nada. Pero son varios sobrevivientes quienes han declarado ante el juez Mario Carroza y se ha acreditado la presencia de Cheyre en interrogatorios y como uno de los oficiales a cargo de las órdenes que se impartían en el regimiento.

De este modo, el Comandante del “nunca más”, símbolo de la transición durante los gobiernos de la Concertación, llegó hasta el Cuartel en donde funciona el Programa de DDHH de la PDI para entregarse. Allí fue detenido y trasladado hasta el Comando de Telecomunicaciones en Peñalolén, donde deberá permanecer en prisión preventiva.

Durante esta jornada, Cheyre hizo efectiva su renuncia hoy como profesor de la Pontificia Universidad Católica de Chile, luego de ser procesado en el marco de la investigación del Caso “Caravana de la Muerte”, tras la querella presentada por el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior (PDH), decisión que le costó (al PDH) el despido de quienes presentaron la querella y en la práctica su descabezamiento.

(RVFr/P1)