Las universidades del Mar, Pedro de Valdivia e Internacional SEK fueron formalizadas este miércoles por la acusación de soborno en el escándalo de pagos por las acreditaciones.
La Fiscalía determinó imputar las personalidades jurídicas de dichas instituciones educacionales dada su posible acreditación fraudulenta conseguida supuestamente mediante sobornos al ex presidente de la Comisión Nacional de Acreditación, Luis Eugenio Díaz,también imputado en la causa.
Las personalidades jurídicas de las instituciones fueron formalizadas esta tarde en el Octavo Juzgado de Garantía por el delito de cohecho, tras infringir la Ley de Responsabilidad de las Personas Jurídicas, en el marco del caso CNA, y enfrentaron cargos en el 
Centro de Justicia por un caso en el que ya están formalizados sus ex rectores José Schröder (SEK), Héctor Zúñiga (UDM), y Angel Maulén (UPV) (foto izq.).
Los tres planteles serían responsables de sobornar a un funcionario de la CNA para obtener la acreditación y así acceder a los créditos Aval del Estado.
“Al obtener la acreditación, que es el requisito indispensable, obtuvieron estos beneficios, de crédito CAE. La imputación tiene que ver con el provecho o beneficio que obtuvieron. Estos delitos fueron ejecutados con el interés de ellos, no le estamos atribuyendo el uso”, explicó el fiscal Pablo Norambuena.
El persecutor reveló que tras obtener la acreditación luego de un pago de $25 millones, la Universidad Pedro de Valdivia habría ganado más de $8000 millones por dicho crédito.
Dicha suma es similar a la que habría logrado la Universidad de Mar, con la ayuda del ex director de la CNA, Luis Eugenio Diaz. En tanto, la SEK habría recibido más de 859 millones provenientes del CAE en 2012.
El abogado del Consejo de Defensa del Estado, Rodrigo Reyes, explicó que la entidad “decidió ampliar la querella contra estas tres casas de estudios, como personas jurídicas, ya que están formalizadas sus rectores por el delito de soborno, ahora correspondía formalizar a esas personas jurídicas, a las empresas”.
Una vez conocidos los cargos, la Fiscalía -que no solicitó medidas cautelares- pidió ampliar el plazo de investigación en 60 días, lo que fue acogido por el juez.
Las tres universidades arriesgan la cancelación de la personalidad jurídica, una multa que alcanza un máximo de 400 millones de pesos, la pérdida de beneficio fiscal y la prohibición de celebrar contratos con el Estado.
