Por Cristóbal Acevedo (*)   (Publicación autorizada)

Comparto mi visión sobre la situación en Venezuela, desde donde escribo estas líneas participando en la delegación de jóvenes de la Democracia Cristiana que hemos venido a conocer la situación y manifestar nuestra solidaridad con la lucha de los jóvenes venezolanos.

Según la mayoría de las instituciones vinculadas a DD.HH, estamos ante la más violenta oleada de represión en Venezuela de los últimos doce años. A la crisis se suma el hecho de ser un país que sufre de orfandad internacional.

En Caracas se puede constatar una tensa calma. Venezuela ha experimentado 14 días de protestas encabezadas por un grupo de líderes estudiantiles que dirigen las federaciones de las principales universidades de Venezuela, motivados por la inseguridad y falta de alimentos.

En medio de esta crisis, muchos venezolanos hubieran esperado una actitud de mayor compromiso de la comunidad mundial. Particularmente resienten la falta de reciprocidad de Chile, pues muchos chilenos fueron masivamente acogidos por sus ciudadanos y gobiernos en tiempos de la dictadura.

Los venezolanos -ya acostumbrados al estilo chavista de gobernar- durante las últimas dos semanas se encontraron en una situación doblemente compleja. Primero, porque desde hace mucho carecen de un interlocutor en el gobierno y, segundo, porque la respuesta del gobierno frente a las movilizaciones traspasó los límites que Chávez se preocupó de mantener, el uso desmedido de la fuerza policial.

Más allá de los esfuerzos de Maduro por relativizar las consecuencias del uso de la fuerza pública y del aparato estatal en contra de la oposición, los hechos hablan por sí solos. Los organismos de Derechos Humanos han reportado ya 15 personas muertas, 18 casos de detenidos torturados, cientos de detenciones ilegales y allanamientos ilegítimos en el domicilio de algunos dirigentes estudiantiles.

Y claro, resulta difícil justificar estas cifras y hechos que han causado gran conmoción internacional, como el caso de la estudiante, la que luego de ser maniatada en el suelo recibió un disparo de balas goma a un metro de distancia, lo que virtualmente le fundió la cara y le costó la vida por desprendimiento masivo de la masa encefálica. Aun así, el Gobierno ha intentado jugar al empate, atribuyéndole al movimiento estudiantil la responsabilidad por la muerte de una de persona perteneciente a grupos paramilitares; aunque con ello solo reafirme su relación con esos grupos.

Y el empate ha operado como un argumento más que razonable para los países que prefieren mantenerse al margen. Porque no es posible confiar en la autonomía de la justicia para que investigue y sancione a los responsables de los hechos, es que el desempate no es viable. Y precisamente este punto ciego es el que genera esta crisis. Al controlar todos los órganos del Estado (Poder Judicial-Fiscalía-Defensoría-Parlamento) no es imaginable una opinión objetiva de las instituciones que están llamadas a deliberar en Venezuela.

Venezuela se encuentra en punto ciego y al borde de un estallido social. Requiere de una comunidad internacional comprometida con una solución democrática a este conflicto, teniendo conciencia que las instituciones democráticas venezolanas simplemente no funcionan. “Los venezolanos nos sentimos solos, nuestro petróleo le ha cerrado los ojos al mundo” nos dice una estudiante. Y vaya que lo están.

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(*) Cristóbal Acevedo es abogado y magíster en Ingeniería Industrial de la Universidad Católica, experto en propiedad industrial e intelectual. Fue jefe de gabinete del ministro de Economía, Alejando Ferreiro, y posteriormente, se transformó en el primer Director del Instituto Nacional de Propiedad Intelectual (Inapi).